El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aplica medidas contra organizaciones y figuras de la oposición con las que, denuncian, busca cerrarles el camino hacia las elecciones del 7 de noviembre.

El líder del Frente Sandinista (FSLN), de 75 años, no ha oficializado su candidatura, aunque dentro y fuera del partido dan por hecho que se postulará a un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios en los que además de presidente se elige al parlamento.

"La estrategia de Ortega estriba en usar las leyes para limitar toda competencia, luego aumentará la represión, acompañada de prebendas clientelistas, y al final del proceso emplearse a fondo con todos los medios para lograr una victoria sin dificultad", dijo a la AFP Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica, con sede en Washington.

La estrategia, según adversarios del mandatario, pasa actualmente por neutralizar a las oenegés, obligándolas a inscribirse como agentes extranjeros en el marco de una ley aprobada por el Parlamento y sometiéndolas a restricciones que causaron la semana pasada el cierre de dos de ellas.

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, con más de 100 miembros, denunció estar amenazada de "muerte civil" por el excesivo control y castigo con que la ley faculta al Ministerio de Gobernación (Mingob).

El cierre de ONG tendrá "un impacto social enorme" sobre miles beneficiarios de programas de salud, educación, medioambiente, saneamiento, alimentación, principalmente en zonas donde no hay presencia del Estado, dijo el representante de una de las plataformas, que no reveló su nombre por temor a que les nieguen la certificación.

Según cifras extraoficiales, en Nicaragua hay más de 7.000 ONG, de las que unas 2.000 podrían cerrar operaciones bajo la ley de agentes extranjeros, según los afectados.

El Parlamento de mayoría oficialista aprobó la ley que permite controlar los fondos del exterior que reciben personas naturales y jurídicas; y otra de ciberdelitos que sanciona a quienes critican al gobierno en redes sociales.

Asimismo, existe otra norma sanciona e inhibe de optar a cargos públicos a quienes inciten la injerencia extranjera o aplaudan sanciones al país.